PARA LA NUEVA SEDE DE HUESCA!!


Somos una de las entidades adjudicatarias de la asignación de herencias. MUCHAS GRACIAS! Será el importe destinado a la accesibilidad y adecuación del nuevo local.

En el link podéis descargaros las entidades beneficiarias al final:

http://www.aragonhoy.net/…/mod.notici…/mem.detalle/id.163446

miércoles, 15 de abril de 2015
    El Gobierno de Aragón reparte entre 116 proyectos benéficos más de un millón de euros procedentes de personas fallecidas sin herederos
La Junta Distribuidora de Herencias, que preside el consejero Javier Campoy, ha adjudicado estos fondos para fines de asistencia social a personas en riesgo de exclusión, pobreza, enfermedad o con discapacidad
Es el reparto más cuantioso de los diez que se han realizado desde el año 2001. La variedad de inversiones incluye obras de mejora en instalaciones sociales, adquisición de vehículos adaptados o renovación de equipamientos, entre otros
La Administración autonómica cumple con su función de intermediaria, para que las herencias de abintestatos se destinen a reforzar las ayudas a los colectivos más necesitados en Aragón
 
Obras de mejora o ampliación en instalaciones como la residencia de la Fundación ASPACE para personas con parálisis cerebral, en los centros de la Asociación Pro Salud Mental en Huesca y en el Bajo Aragón, en el centro de educación infantil de la Hermandad del Refugio o en ATADI Alcañiz. La adquisición de vehículos adaptados para asociaciones como la Asociación de Traumatismo Encéfalo Craneal y Daño Cerebral de Aragón o para los centros aragoneses de la Asociación Española Contra el Cáncer. Y la renovación de equipamientos informáticos de la Agrupación de Personas Sordas de Aragón o el alojamiento de personas en situación de exclusión social por parte la Fundación Ozanam.
Son algunos ejemplos de los 116 proyectos sociales que van a recibir financiación de los fondos procedentes de aragoneses fallecidos sin herederos y sin otorgar testamento, los conocidos como abintestatos. En total, 1.032.408,98 euros que corresponden a la suma de 25 herencias y que han sido asignados a entidades benéficas aragonesas, tal y como marca la legislación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La adjudicación de los fondos ha quedado resuelta en la reunión de la Junta Distribuidora de Herencias, órgano colegiado que preside el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Javier Campoy, y en el que participan como vocales diferentes representantes de la Administración autonómica, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
Una vez evaluadas las numerosas propuestas presentadas por las entidades benéficas, se ha decidido distribuir los fondos de la forma más equitativa posible. Para ello, se ha tenido en cuenta la dimensión de cada una de ellas, pero se ha realizado un esfuerzo en la distribución del montante disponible para dar financiación a todos los proyectos que cumplían los requisitos. Todos ellos son actuaciones de prestación de asistencia social directa a los beneficiarios, en servicios esenciales para personas en riesgo de exclusión social, pobreza, enfermedad, autonomía personal, discapacidad y refuerzo educativo.
Además, se ha tenido en cuenta como criterio de preferencia que el proyecto benéfico se desarrolle en la última localidad de residencia del fallecido, tal y como prevé la legislación autonómica. De esta forma, se cumple con el objetivo de que el patrimonio de estas personas sin herederos redunde en un beneficio social para atender las necesidades de los más desfavorecidos, con criterios de proximidad y solidaridad.
De los 1.032.408,98 euros, se han desglosado 35.729,96 euros que irán destinados a la Casa de Amparo (10.168,34 euros) y a la residencia de la Fundación Elvira Otal de Ejea de los Caballeros (25.561,62 euros), en cumplimiento del Decreto 185/2014, que en su artículo 22 reconoce el derecho a percibir el diez por ciento del caudal liquidado a los establecimientos benéficos que han notificado a la Administración la existencia de una herencia intestada. Este derecho únicamente corresponde a las entidades sociales que cumplan con los requisitos, y en ningún caso a personas físicas u otras organizaciones que hayan colaborado en una notificación de este tipo.
El reparto más cuantioso desde 2001
Con un volumen total superior al millón de euros, este ha sido el reparto de fondos de abintestatos más cuantioso de los diez que se han realizado desde el año 2001, exceptuando la tramitación extraordinaria del expediente millonario del abintestato Elías Martínez, que dio lugar a la construcción de dos residencias de ancianos.
El significativo aumento de fondos en esta ocasión se debe a la reciente modificación de la normativa efectuada por el Gobierno de Aragón para agilizar la distribución de las herencias y mejorar la eficacia administrativa. El cambio permite repartir el capital de la herencia sin esperar a la liquidación completa del patrimonio. Hasta ahora, para transferir una herencia a las entidades sociales, era necesario liquidar antes por completo todos los bienes de ese expediente. Como consecuencia, abundaban los casos en los que el reparto de los fondos en metálico quedaba bloqueado a la espera de lograr vender la totalidad los bienes inmuebles en las correspondientes subastas públicas, proceso que puede demorarse en el tiempo.
El nuevo marco normativo mantiene la esencia del anterior, con la obligatoriedad de subastar públicamente todos los bienes y destinar la recaudación a proyectos benéficos, pero abre la posibilidad de adelantar liquidaciones parciales de la herencia que ya se encuentre en metálico. Gracias a ello, se han desbloqueado 329.581,10 euros de siete expedientes que, sumados a otros 18 casos de liquidaciones completas, suman el total de 996.679,02 euros.
Por su derecho foral propio, Aragón es una de las seis Comunidades Autónomas (junto a Cataluña, Navarra, Baleares, Galicia y País Vasco) con capacidad para gestionar estas sucesiones de abintestatos, ya que en el resto de regiones es la Administración General del Estado la que se hace cargo del patrimonio de las personas fallecidas sin herederos.

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