Entrevista
José Mª Sánchez Monge, presidente de FEAFES
“Aplicar medidas terapéuticas significa rehabilitar a las personas con enfermedad mental y un ahorro a las arcas del Estado”
22/11/2013
Beatriz Sancho
Diecisiete años dedicados a ayudar a las personas con enfermedad mental le parecen poco para responder a los retos del colectivo. Por ello, José Mª Sánchez Monge, presidente de FEAFES (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental), pide más fuerzas y capacidades para continuar con su labor. Hoy los derechos y la imagen del colectivo que representa, también el de las personas con discapacidad intelectual, corren peligro por el “controvertido” Código Penal en trámite parlamentario. "Que se quede como está sería una barbaridad” y dos lacras para las personas con enfermedad mental: la vulneración de sus derechos y, lo que es peor, una mayor dificultad para rehabilitarlos y recuperarlos para su integración en la sociedad. 
¿Existe algún fundamento científico o estadístico que avale el juicio de ‘peligrosidad’ asociado con las personas con enfermedad mental?
No existe ningún fundamento científico ni estadístico que verifique que las personas con un trastorno mental grave sean ‘peligrosas’. Es totalmente falso y está comprobado. Lo que es cierto es que estas personas en momentos puntuales, cuando tienen delirios o alucinaciones, pueden realizar actos que escapen de su control y de los que no son conscientes. Estadísticamente tampoco existen datos de que las personas con enfermedad mental delincan más respecto a la población general. Es más, de hecho, sí existen datos de que el porcentaje de delitos cometidos por personas con un trastorno mental es menor respecto a los que comenten personas sin esta dolencia.
La ignorancia colectiva confunde enfermedad mental con psicopatía y de ahí la tergiversación.
Tiene que dejar de confundirse de una vez por todas. La psicopatía afecta a personas que realizan actos malos, con maldad, voluntariamente y conscientes de lo que están haciendo. Sin embargo, la persona con enfermedad mental que tiene un brote psicótico y provoca un enfrentamiento no es consciente en ese momento de lo que está haciendo, no lo entiende ni tiene voluntad de hacer daño a nadie, por eso no son responsables de sus actos. Y nosotros, como expertos en la materia, tenemos la obligación de añadir que cuando una persona con trastorno mental grave comete algún tipo de delito es porque no ha tenido una atención socio sanitaria adecuada. Hay que ver por qué se ha comportado así y darle las herramientas para que no vuelva repetirse.
¿De dónde viene este atávico prejuicio y cómo podemos lograr zafar a las personas con enfermedad mental de él?
Sobre todo del estigma. Mucha gente no conoce cómo ni por qué algunas personas con enfermedad mental grave, en momentos puntuales, se comportan de una forma determinada. No lo entiende y tiene prejuicios. Su ignorancia hace que muchas personas les tengan miedo y por eso no las quieren cerca, porque no saben qué van a hacer. Este estigma y los prejuicios llevan a una discriminación. A lo largo de la historia, las personas con enfermedad mental grave han sido muy poco visibles y la relación de la sociedad con ellos está llena de oscurantismo, las ideas retrógradas los escondían, incluso en las propias familias, si tenían una persona que padeciera la dolencia, solían esconderlo o decir que el afectado tenía un problema de nervios. Incluso ahora que se entiende un poco más la enfermedad mental muchas personas siguen recurriendo a la depresión como diagnóstico, pero puede tratarse de un trastorno mental mucho más grave y si los familiares y la sociedad no le proporcionan una atención socio sanitaria adecuada no va a poder salir de su problema.
"A lo largo de la historia, las personas con enfermedad mental grave han sido muy poco visibles y la relación de la sociedad con ellos está llena de oscurantismo, los escondían incluso las propias familias"
En muchos casos no hay prevención y no se detecta que una persona, en un momento determinado, pueda cometer actos que no controle. Pero, además, no se interviene adecuadamente para paliar estos actos y hacerlos desaparecer. Esto sucede incluso con personas diagnosticadas que hacen algo, de forma involuntaria, incorrecto para la sociedad y no les facilitan una atención integral que les rehabilite y les recupere para su integración en la sociedad.
¿Qué críticas se podrían hacer a los hospitales psiquiátricos penitenciarios en general? ¿Por qué no son adecuados para las personas con enfermedad mental?
Ni las cárceles ni estos hospitales son lugares adecuados para la recuperación de las personas que tienen un trastorno mental grave. Las cárceles no tienen terapias adecuadas y los hospitales psiquiátricos penitenciarios, que son como cárceles, siguen siendo proclives a la parte penitenciaria en lugar de a la rehabilitadora. Es verdad que hay algunos programas, realizados en muchas ocasiones por nuestras asociaciones, y, concretamente en el centro de Alicante, menos personas que antaño, pero no hay suficiente personal de rehabilitación ni suficientemente formado que formen el equipo multidisciplinar para atender a estas personas de forma adecuada. Lo fundamental es que estos centros sean rehabilitadores, no represores
¿Cuáles serían las medidas alternativas urgentes que mejorarían la atención en salud mental y evitarían que las personas con enfermedad mental entren en los hospitales psiquiátricos penitenciarios?¿Podría nombrar esos recursos sociales y sanitarios exactamente para clarificar?
Las medidas más cercanas a las personas son las más eficaces y propugnamos que éstas eviten que la persona tenga que ingresar en la cárcel o un centro psiquiátrico penitenciario porque no son integradores. Lo que proponemos son exactamente cuatro medidas terapéuticas que están consensuadas en la ‘Estrategia de Salud Mental’ del Sistema de Salud y que son efectivas y evitan muchos costes.
La primera son los planes individualizados de atención a las personas con enfermedad mental que es un itinerario de las pautas que tiene que seguir el paciente a lo largo de su vida. El plan individualizado lo realiza en equipo de salud mental e implica un seguimiento de la persona en el que se la evalúe continuamente su tratamiento, la rehabilitación y los cuidados que vaya necesitando.
La segunda medida es establecer un equipo de intervención familiar que requiere solamente dos personas para un total de 300.000: un psicólogo y trabajador social. Ambos se encargarían de informar, formar y concienciar a los pacientes y a sus familias de la enfermedad, prevenir recaídas y darles herramientas para solucionar problemas que se puedan presentar, entre otras cosas.
Esto resolvería muchos problemas porque el 80 por ciento de las personas con enfermedad mental conviven con sus familias. Este porcentaje no existe en ninguno de los países occidentales. El que más se aproxima es Irlanda, con un 65%, y Alemania e Inglaterra están entre el 28 y el 32%. Pero el que estén dentro de la familia no significa que tengan la atención adecuada si no tienen recursos fuera que puedan formar a estas familias para ayudarles cuando tienen una recaída. Para ello, contaríamos con la tercera medida, el apoyo domiciliario, en el que dos personas favorecen un acompañamiento terapéutico, individualizado e integral para conseguir una mayor autonomía de la persona con trastorno mental. Esto permite que entren en una continuidad de cuidados socio sanitarios, el acceso a dispositivos, su integración social y su participación en actividades de la comunidad.
"Los planes individualizados, un equipo de intervención familiar, apoyo domiciliario y un equipo multidisciplinar son las medidas terapéuticas que ahorrarían dinero al estado"
La última herramienta es el equipo multidisciplinar formados por las unidades de Salud Mental y que deberían estar compuestos por 14 personas: un psiquiatra, dos psicólogos, 4 enfermeros o auxiliares de ayuda domiciliaria, un terapeuta ocupacional, un trabajador social y un auxiliar administrativo. Este es el equipo que debería trabajar al completo en cada una de las unidades de salud mental y para una población, como máximo, de 30.000 personas. Es una recomendación que establece la estrategia citada, pero no se cumple. Argumentan que 14 profesionales para 30.000 personas cuesta dinero, pero si siguieran la directriz lograrían, sin duda, que no haya tantos ingresos, con lo cual se pagarían los sueldos de estos profesionales y se ahorraría muchísimo dinero porque no habría que gastárselo en las hospitalizaciones psiquiátricas, amén de reducir la cantidad de medicamentos para los pacientes.
Nuestros objetivos son que la persona pueda superar las dificultades básicas de la vida; que tenga una continuidad de cuidados; acceso a todos los dispositivos y que pueda integrarse socialmente, convivir en la sociedad. También queremos que sean felices, tal y como sostenemos en nuestra última campaña, lo merecen. Es importante favorecer al paciente en su propio proceso de recuperación y fomentar la participación de la familia en él.
¿Cuál o cuáles son las principales denuncias de su asociación al controvertido Código Penal aprobado ya por el Gobierno y actualmente en trámite parlamentario?
Hay varias cosas. Lo primero retirar el término de ‘peligrosidad’ aplicado a las personas con discapacidad mental porque no son peligrosas. En el caso de que una persona con enfermedad mental tenga un conducta reprobable, sin que haya sido consciente de la misma, que en lugar de ponerle una medida de seguridad en un sitio cerrado como una cárcel o un hospital psiquiátrico penitenciario, pueda recuperársela en un centro de día o de rehabilitación.
Nuestra tercera denuncia es que no se concibe que una persona con un trastorno mental grave pueda tener una condena revisable porque si le aplicas el concepto de peligrosidad será siendo peligroso siempre y si tiene un trastorno mental tiene que tener una atención adecuada de por vida para que no tenga recaídas. Por tanto, es inviable. Y por último, no estamos de acuerdo con aplicar medidas de seguridad como la libertad vigilada sobre personas con enfermedad mental, ya que ellas no cometen actos graves como para que se les vigile. Lo que hay que hacer es recuperarles y rehabilitarles. No necesitan que se les vigile sino contar con apoyos, dispositivos e intervenciones adecuadas. Lo que hay que hacer es prevenir para que esto no suceda aplicando las medidas terapéuticas que demandamos.
Hay muchas personas que tienen un trastorno mental grave y no están diagnosticadas. Si tuvieran un tratamiento quizás tendríamos menos casos de comportamientos aparatosos o incorrectos de esos que encasillan como ‘peligrosos’.
En España hay más de un millón de personas con enfermedad mental, lo asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS) y también el Ministerio de Sanidad. De ese millón, el tanto por ciento de diagnosticados no llega al 50% y de la otra mitad sólo están tratados un 30%-35%. El resto, más de 600.000 personas, no tienen un tratamiento continuado ni una atención integral adecuada y son los que más pueden causar situaciones molestas para la sociedad, pero no hablo de delitos, en absoluto, si no de cantar en la calle, propiciar broncas y cosas por el estilo. Y se comportan así porque no están recibiendo el tratamiento adecuado. Se trata de personas que no son conscientes de que comenten algún acto violento, pero en contra de lo que piensa la gente, no se trata de violencia a terceras personas sino hacia sí mismas. Y, en cualquier caso, hay que dejar muy claro que el número de actos que puedan ser violentos son menores, subraya lo de menores, en proporción que los que realiza el resto de la población que no tiene ningún problema mental. Esto es muy importante recalcarlo para derribar el mito de que las personas con enfermedad mental son agresivas o peligrosas. No es cierto y las estadísticas sí lo demuestran.
"En contra de lo que piensa la gente los actos de violencia que realizan las personas con enfermedad mental no son hacia terceras personas sino hacia sí mismas"
Un ejemplo real muy gráfico. Una persona con enfermedad mental tiene una crisis, sus familiares llaman a urgencias y una ambulancia viene a por ella, casi siempre, sin el personal sanitario adecuado. Los profesionales les invitan a subir al vehículo, pero el paciente está reticente y no quiere subir voluntariamente. En un arrebato por zafarse de estos profesionales que hacen su trabajo y por la crisis que está teniendo le un bofetón al policía que está también allí. Pues esta reacción, si le denuncian, es un delito por el que pueden ingresar al paciente 3 años en un centro psiquiátrico penitenciario. Habría que anticiparse a este hecho y haber buscado su consentimiento.
¿Podría explicarnos la gravedad de tipificar a determinadas personas con enfermedad mental como “sujetos peligrosos susceptibles de cometer nuevos delitos” y la posibilidad de que puedan ser “internadas en un centro psiquiátrico o sometidas a libertad vigilada de por vida"?
No hay ningún psiquiatra que califique públicamente a una persona un trastorno mental como “peligrosa” y nadie lo hace porque no hay ningún rigor científico para hacerlo. Es una barbaridad plantear calificar a una persona con trastorno mental grave de ‘peligroso’ porque no tiene rigor científico. Y si de ahí se deriva que tiene que tener un ingreso en un hospital psiquiátrico penitenciario o en una cárcel, la situación es mucho peor. El código penal lo que tiene que hacer es que si no encuentra medidas adecuadas para castigarles, les apliquen medidas socio sanitarias y terapéuticas para mejorar la atención que necesitan. Hay que tomar medidas terapéuticas para que se recupere. Lo que hay que hacer es recuperarle, hacer un seguimiento para que exista lo que llamamos una continuidad de cuidados y evitar recaídas. Hay que insistir siempre en la recuperación de la persona y sin el concepto ese de ‘peligroso’, que hay que olvidarlo por completo.
"La nueva regulación de las medidas de seguridad discrimina a determinadas personas con discapacidad, perpetuando el estigma y asociándolas a peligrosidad y delincuencia"
Este código es muy denso y hay ocho artículos que nos afectan. Nos aplican los conceptos científicos inadecuados, nos clasifican de peligrosos y lo que están aumentando es el estigma y la discriminación porque el estigma es un prejuicio y cuando alguien lo tiene lo que hace es discriminar a la otra persona y dejarle en desigualdadad de condiciones. En el caso de una persona con trastorno mental grave, que es una persona vulnerable, lo que hay que hacer es dotarle de más apoyo respecto a aquel que no lo es. Si lo que hacen es darle mucho menos que este apoyo están discriminándole, prejuzgándole y además estigmatizándolo. La normativa lo que hace es prejuzgarle, discriminarle y maltratarle. Nuestra discapacidad y la intelectual están discriminadas, mal tratadas y este código, si no se modifica, nos sigue maltratando.
"Nuestra discapacidad y la intelectual están discriminadas, mal tratadas y este código, si no se modifica, nos sigue maltratando"
Parece que el Ministerio de Justicia está sentándose con los representantes de los dos colectivos afectados por la reforma. ¿Hay esperanzas de que se llegue a una conciliación favorable para las personas con enfermedad mental y con discapacidad intelectual?
Parece que, efectivamente, el Gobierno quiere hacer una tramitación de consenso y con respecto a estas medidas de seguridad están de acuerdo en que no son adecuadas para tratar a una persona que tiene un trastorno mental grave, por tanto, vamos a ir analizando artículo por artículo e intentar modificar los aspectos que creemos inconvenientes. A su vez, el Ministerio está dando prórrogas para introducir enmiendas y ver si llegamos a un acuerdo entre todos: los grupos parlamentarios y nosotros, que somos los promotores, para que no se maltrate a las personas con trastorno mental grave.
¿Cómo han llegado a sentarse en la mesa con los legisladores?
Feafes está formada por 390 asociaciones y somos más de 45.000 socios. Hemos mandado una carta al Ministro de Justicia con nuestras enmiendas y nuestros socios, de manera individual, también están mandando sus misivas al titular de la cartera porque están en desacuerdo con el código. Y seguiremos haciéndolo. Y muchas asociaciones están esperando, en caso de que se rompieran las negociaciones o no llegamos a unas condiciones adecuadas para las personas a las que representamos, para manifestarse y que vean, en primer lugar, que estaríamos en desacuerdo, pero, sobre todo, que, de dejar el texto jurídico como está, vulnerarían nuestros derechos. Y hay que destacar que tenemos muchos apoyos de mucha gente.
Realmente, espero que se llegue a un acuerdo porque están buscando darnos más opciones y parece que no lo tienen tan claro seguir con el texto tal y como está. Han ampliado ya por dos veces el plazo para enmendar el texto, no deben de darlo del todo por correcto. Y esto es buena señal. Hay esperanza.
Si no se llega a modificar el Código Penal como quieren, ¿qué harán?
Ser beligerantes.
Llegado el llamentable caso, ¿cómo de letal podría ser la reforma para los derechos de las personas con discapacidad y para los progresos obtenidos en términos de inclusión social y respeto a la diversidad en las últimas décadas?
Habría un retroceso muy importante y algunos derechos que ya se han conseguido, que no son muchos, se verían vulnerados. Eso respecto a los derechos que es muy importantísimo. Pero, por otro lado, no habríamos conseguido la mejora del tratamiento de las personas con enfermedad mental grave con lo que no se mejoraría su atención sino justamente lo contrario, se empeoraría, de forma que se vulnerarían sus derechos, pero estarían en peor situación para rehabilitarse. Nos quedaríamos en mal sumado a más mal, el aumento de dos males. De ahí que nos pronunciemos totalmente en contra de algunos aspectos contenidos en este proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal.
¿Quién es el culpable de que no se eviten puntuales comportamientos inadecuados realizados inconscientemente por personas con enfermedad grave?
Desde Feafes culpamos a la falta de recursos sanitarios y sociales como desencadenante, en algunas ocasiones, de que alguna persona con enfermedad mental acaben cometiendo actos de los que no son conscientes debido a su trastorno. Hay que proporcionarles recursos sociales y sanitorios para evitar que sucedan estas situaciones.
Su mayor anhelo para las personas con trastorno mental.
Que la sociedad los entienda, de una vez por todas. Por eso nuestra organización trabaja por la visualización del problema que tienen estas personas e informa de que para ayudarlos se tengan los medios adecuados porque resulta que es una discapacidad importante, que afecta un número importante de personas y que, a pesar de ello, es el colectivo menos visible y los menos entendidos cuando necesitan esos apoyos socio sanitarios en los que he insistido y que ahorrarían dinero al Estado.
¿Qué no entiende el Gobierno y la sociedad de que con las medidas terapéuticas que proponéis no sólo el beneficio que reportaría a las personas con enfermedad mental grave sería el adecuado sino que, además, poniéndolo en práctica permitiría un ahorro importantísimo a las arcas del país?
Las medidas terapéuticas lo que hacen es mejorar la atención y disminuir el coste. Es real, un hecho. Si las medidas terapéuticas se aplican a estas personas se consiguen múltiples beneficios, pero destaquemos dos para simplificar: una es que mejora la atención de los pacientes y, por tanto, estarán en mejor situación para poder rehabilitarse y recuperarse y la otra hará que el Estado tenga mucho menos coste porque evitará muchísimos ingresos hospitalarios con lo que mejoraría su financiación y ahorraría dinero. Beneficiaría a todos porque disminuirían los ingresos, se necesitaría menos medicación. Y esto redundaría en uno de nuestros grandes objetivos que es que las personas con enfermedad mental lograran su autonomía, su empoderamiento y sean capaces de vivir su propia vida y tengan un proyecto vital. Pero para conseguirlo es necesario que se apliquen estas medidas terapéuticas que favorecerán esa autonomía y su integración.
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